Samuel Ibarra Vargas. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho, titulado con mención honorífica. Cursó la Maestría en Procuración de Justicia, habiéndose titulado también con mención honorífica y con propuesta de publicación de tesis.

 

Más de 20 años de experiencia en materia académica, habiendo sido coautor de los libros “Derecho Penal Ambiental” (Porrúa, 2001) y “Protección penal del ambiente” (Ubijus, 2009) y autor del libro “Delitos ambientales locales en México” (ELD-Porrúa, 2014). Participó como invitado extranjero en la obra “Derecho Penal de la Empresa”, publicada en Perú en 2013. Es investigador y conferencista en las materias de Derecho penal, Derecho ambiental y Derecho genético. Ha participado como instructor para la PGR, Procuradurías Generales de Justicia, Tribunales de Justicia, Procuradurías Ambientales, Autoridades ambientales y sector privado, en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Tabasco, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán y Veracruz, entre otras Entidades. Ha sido catedrático en licenciatura, especialización, maestría y posgrado en instituciones como ELD, INACIPE, ITAM, Universidad Ibero Americana, Universidad Anáhuac y UNAM. Fue designado maestro honorario de la EPED, donde coordinó el Posgrado en Derecho Penal. Diseñó e impartió el primer curso sobre Derecho Genético en México (2002), coordinado por ADIAT. Fue fundador y Director
General Jurídico de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos
Genéticamente Modificados (CIBIOGEM). En 2001 formó parte del grupo redactor de la reforma federal en materia de delitos ambientales federales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de febrero del 2002. Participó con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en la elaboración de la reforma en materia de delitos ambientales publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 27 de junio de 2011. De 2006 a 2012, fue el Fiscal de Delitos Ambientales de la Procuraduría General de Justicia del DF, donde coordinó la elaboración de los “Lineamientos de Política Criminal Ambiental” (2010) dentro de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, mismos que se llevaron al Comité de Delitos Ambientales de Interpol (Francia, 2010). Fungió de 2012 a 2014, como Gerente de Asuntos Públicos y Regulatorios de AgroBIO México. Es miembro de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas. Fue Consejero Editorial del Grupo Reforma (2013 y 2014). Fue Director General en la Oficina del Comisionado del Órgano Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (2014-2016), teniendo a su cargo funciones como: participar en la elaboración de la Ley Nacional de Ejecución Penal; coordinación de la materia de información pública y transparencia; capacitación a los más de 9,300 empleados en centros federales en sistema penal acusatorio y en la Ley Nacional de Ejecución Penal, la coordinación de un curso nacional sobre primer respondiente enfocado a personal de seguridad de centros penitenciarios y de 2 cursos nacionales sobre la Ley Nacional de Ejecución Penal. Fue hasta noviembre de 2018, Director General en la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, encargado de la Dirección General Operativa, a nivel nacional, de la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, creada en el gobierno federal mediante acuerdo publicado el 19 de julio del 2017 en el DOF. En 2018, INACIPE y Tirant lo Blanch publicaron la obra “Medidas cautelares. El tope a la puerta giratoria”, donde colaboró con un artículo en coautoría con el Mtro. Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega. Actualmente es consultor independiente en: lobbying, estrategia jurídica y política, derecho penal, derecho ambiental y derecho genético.